La administración de Axel Kicillof no adherirá al plan de liberalización total del sistema de transporte público de pasajeros que impulsa el Gobierno nacional. Según confirmaron a Clarín fuentes del ministerio de Transporte provincial, “en jurisdicción de Buenos Aires continúa el régimen actual, bajo regulación del Estado”.
Esta lunes, en el Boletín Oficial se publicó el decreto 883/24 que dispone la desregulación del transporte automotor de pasajeros por carretera de media y larga distancia.
Firmado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la normativa reemplaza a la que rige desde 1992.
El objetivo -según el Gobierno- es “lograr la liberalización y modernización del transporte automotor de pasajeros y su adaptación a la dinámica de transporte actual”.
Entre otras novedades, se crea el Registro Nacional del Transporte de pasajeros, de acceso público, gratuito y online.
Allí las empresas y transportistas que ya estaban registradas no tendrán que hacerlo nuevamente. Sí deberán registrarse las nuevas que, una vez inscriptas, obtendrán de manera automática la habilitación para operar luego de cinco días post inscripción.
Aplicará para esto, el método de “silencio positivo”: si el organismo no se pronuncia de manera negativa, entonces ya queda habilitado el trámite.
Los nuevos operadores podrán definir: trayecto, recorrido, paradas, precios, número de pasajeros y lugar de parada de los viajes.
Entrará en vigencia en 60 días y aplicará a los “transportes interjurisdiccionales”. Es decir: los que van desde provincias hacia CABA; y desde una provincia hacia otra provincia.
El decreto –en su artículo 27- invita a los estados provinciales a adherir, “mediante el dictado de la normativa local correspondiente, a simplificar y desregular la prestación y operación de los servicios de transporte automotor de pasajeros provinciales o locales sobre la base de los principios del presente régimen”.
Hasta aquí llegará Buenos Aires.
El gobernador Kicillof sostiene que el sistema de transporte deberá seguir las directivas y los acuerdos que rigen y se tramitan en el ministerio del área.
Entonces, para el próximo verano podría haber nuevo servicio para viajar desde -por caso- Junín (Buenos Aires) hasta Rafaela (Santa Fe) de acuerdo con los nuevos lineamientos. Precios, paradas y formato “libre”.
Pero no será posible inaugurar un trayecto (por ejemplo) desde Dolores a Tandil, bajo esas condiciones liberadas. Es que ambas localidades son bonaerenses y para que una nueva compañía o persona jurídica tenga la concesión de ese recorrido necesitará cumplir los mismos requisitos que rigen hasta ahora.
“En lo que refiere a la Provincia de Buenos Aires no alcanza la desregulación que se conoció en estas horas. Pero, además, en aquellos servicios interjurisdiccionales abarcados por el decreto, por caso para definir una parada deberá estar habilitada por el ministerio”, explicaron este lunes en La Plata.
Esto es porque la desregulación de Javier Milei permite definir sin restricciones las “paradas intermedias”. En los casos donde pasen por rutas o pueblos provinciales, esas paradas deben estar definidas por las autoridades de aplicación. No será libre.
Otra explicación del gobierno bonaerense: “Ahora llega la temporada de verano. Nuestro sistema prevé conceder a empresas las rutas ‘rentables’ a cambio de que cumplan con el servicio en otros lugares. En verano es cuando esas compañías equilibran esas ecuaciones”.
Cerca del ministro de Transporte, Jorge D’Onofrio, aseguran: “No vamos a permitir que una aventura libertaria como esta que ensayan en Nación destruya todo un sistema de transporte que en Provincia funciona y resulta equilibrado desde hace años».
Kicillof repite, con esta determinación, un patrón que aplicó en los últimos meses: oponerse a medidas impulsadas desde Nación.
Lo hizo con la privatización de la hidrovía; cuestionó la aplicación de la Boleta Única de Papel; intentó reeditar una «ley de góndolas» (suspendida por el DNU 74/23) y buscó diferenciarse también con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y entonces promovió un régimen de promoción de inversiones bonaerense.
Qué dicen desde la cámara de transportistas
Desde la Cámara de los Ómnibus de Larga Distancia (Celadi) se mantienen cautos y hablan de “esperar la regulación”.
“Esto genera un cambio total en la normativa. Hasta ayer éramos un servicio público, hacíamos viajes interjurisdiccionales, es decir, de una provincia a la otra o de la Ciudad de Buenos Aires a otras provincias. Desde hoy (por este lunes) dejamos de ser un servicio público, lo que existe es un Registro de Prestadores. Perdimos los derechos, la exclusividad en algunas rutas, pero también perdimos las obligaciones”, dice a Clarín Gustavo Gaona, vocero de esa cámara.
Hace tiempo que el sector pedía un marco regulatorio nuevo para su operatoria. ”Lo de ahora no es un marco regulatorio, es una idea totalmente diferente, que crea el Gobierno, que aplicó en el transporte aéreo y que ahora aplica en el terrestre. A partir de ahora, las empresas vamos a poder decidir precio, trayecto, frecuencia, dónde detenernos”, detalla.
El tema de las terminales, define Gaona, “es complejo”. Es que con la desregulación se les quita la obligación a las empresas de parar en esos puntos.
“Muchas terminales nos cobraban lo que querían y el servicio no era bueno. Nosotros éramos rehenes de las terminales. Con esta nueva normativa, que le va a quitar gastos a las empresas porque ya no van a estar obligadas a parar en las terminales, es importante aclarar, que serán las ciudades, los municipios, quienes establecen las normas internas donde paren los micros. Nosotros no tenemos tan claro si la Ciudad de Buenos Aires nos va a dejar de tenernos en cualquier lado”, cierra Gaona.
EMJ