La Justicia resolvió admitir una acción judicial, que solicita la declaración de inconstitucionalidad y «nulidad absoluta» del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, de desregulación económica que presentó el presidente Javier Milei esta semana.
De acuerdo a Crónica, la presentación del amparo colectivo contra el DNU, había sido presentada por organizaciones como ATE y la CTA, junto al Observatorio de del Derecho a la Ciudad.
En tanto, el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal número 2, a cargo de Esteban Furnari, admitió el amparo y ordenó su inscripción en el Registro de Procesos Colectivos.
En su resolución, el magistrado aclaró que la decisión no significa «abrir juicio sobre la admisibilidad formal del amparo o su procedencia».
Por ende, le corrió vista al fiscal, para que se expida acerca de la competencia del fuero para tramitar la presentación.
Se recuerda que la presentación judicial, había sido realizada el jueves por el mencionado Observatorio del Derecho, junto Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de la CTA Autónoma; Claudio Lozano, presidente de Unidad Popular; y Rodolfo Aguiar, titular de ATE nacional, Rodolfo Aguiar.
ABUSO DE DERECHO PUBLICO
En el escrito, los dirigentes advirtieron que la norma implica una «desviación de poder y un abuso de derecho público, por violar el principio republicano, la división de poderes, la democracia, el principio de reserva de ley y los derechos colectivos de la ciudadanía argentina a la participación en la dirección de los asuntos públicos directamente o a través de sus representantes».
Según argumentaron, la medida del mandatario constituye «el ejercicio de facultades extraordinarias, y facultades equivalentes a la suma del poder público».
SUSPENSION DE LA NORMA
Como consecuencia, los demandantes solicitaron una medida cautelar que suspenda los efectos de la norma.
Así también, demanda la suspensión del artículo 24 de la Ley 26.122 del Régimen Legal de los DNU que establece que «el rechazo por ambas Cámaras del Congreso del decreto de que se trate implica su derogación».
En tanto, se espera que se hagan más de impugnaciones judiciales del decreto.
Por ejemplo, la CGT ya anunció que hará lo propio el miércoles próximo, cuando también se movilizará hasta la Plaza Lavalle, frente al Palacio de Justicia.