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Arranca el impuestazo de Axel Kicillof y bajó el aumento a 200%

El gobernador Axel Kicillof tuvo que reducir las pretensiones de aumento de los impuestos provinciales y achicar la proyección de gastos en el próximo año de gestión, para conseguir el aval de la oposición en el tratamiento de la ley fiscal.

Después de una semana intensa de gestiones, discusiones y negociaciones cruzadas la oposición puso un tope a los aumentos que cobrará la provincia en 2024: hasta 200% en el inmobiliario (rural y edificado, es decir los que paga el campo y los bonaerenses propietarios).

También habrá un techo de 200% para el gravamen sobre los automotores (patentes) y las autoridades podrán “ajustar por inflación” las boletas que llegan cada tres meses a los contribuyentes

La Legislatura debate este jueves –en una doble sesión de Senado y Diputados- tres leyes claves que el gobierno requiere para afrontar el próximo ejercicio: la ley impositiva, las leyes de emergencia y la autorización para conseguir endeudamiento por 1.800 millones de dólares.

En la propuesta original, el ministerio de Hacienda fijó incrementos de hasta el 300% para partidas del inmobiliario rural de alta valuación fiscal (más de 39 millones de pesos). Había cuatro categorías de ajustes: 140% para las valuaciones más bajas; y en forma escalonada había subas de 170; 240% y el techo correspondía a los dueños de grandes superficies.

El acuerdo que se votaba en la noche del jueves unificaba en 200% la categoría máxima. Por cuerda separada, Kicillof tuvo que posponer el proyecto de creación de dos entes estatales vinculadas con la salud: un laboratorio de fabricación de medicamentos y la empresa bonaerense de emergencias en salud.

Se proponía el modelo de Sociedad Anónima con participación estatal mayoritaria, para que la provincia tuviera su control, había explicado el ministro Nicolás Kreplak. Ambas quedaron afuera de la discusión.

“No puede seguir ampliando la estructura del Estado, mientras pide un esfuerzo enorme a los contribuyentes”, argumentaban en sectores de la oposición. La semana pasada, Kicillof consiguió la aprobación de la ley que mantiene 15 ministerios y cuatro secretarías o institutos con rango de secretaría de Estado en la estructura del Gobierno. Solo se borró la Jefatura de Gabinete, vacante desde la renuncia de Martín Insaurralde, quien dejó el cargo después del escándalo por las fotos en un yate en el Mediterráneo.

Además mantiene los casi 1.500 cargos políticos (directores y subsecretarios), casi el doble de los que había cuando asumió en 2019. “Tenemos la obligación de otorgar las herramientas de gestión al gobierno, pero hay que discutir cómo se utilizan los recursos que se obtienen de los contribuyentes”, planteó en el debate el diputado Pablo Domenicini (UCR).

Kicillof tiene un escenario complejo para el inicio de su segundo gobierno en la Provincia. Sin garantía de obtener fondos discrecionales de Nación, tal como lo anticipó el Presidente Javier Milei, las arcas provinciales se quedarían sin el flujo de 620 mi millones de pesos que en 2023 envió Alberto Fernàndez.

En 2024 no habrá presupuesto porque “faltan los parámetros macroeconómicos y las previsiones a nivel nacional”, explican los técnicos. Es que Milei tampoco dispondrá de la ley de leyes. Entonces se prorrogará la previsión votada hace un año.

El ministro de Hacienda, Pablo López, buscaba reforzar el aporte de los “impuestos patrimoniales” sobre el total de la recaudación. Consideraba que su propuesta era progresiva: “La enorme mayoría tendrá aumentos por debajo del indice inflacionario, es decir, caída en términos reales. Sólo el 8% de las partidas, las propiedades más grandes y valiosas, pagará en línea con la inflación”, planteó.

Los “patrimoniales” (inmobiliarios y patentes) representan apenas el 8% de la recaudación propia de Buenos Aires. Pero tienen alto impacto sobre la población. En 2023, Kicillof consiguió casi 200 mil millones de pesos por el gravamen sobre las propiedades y 140 mil millones de pesos por los autos.

Pero el verdadero ingreso tributario es ingresos brutos. Allí la Agencia de Recaudacion (ARBA) obtuvo en este ejercicio casi 2,3 billones de pesos. No habrá retoques en las alícuotas que pagan comerciantes, industriales y autónomos. Es una carga que grava entre el 0,75 y el 5% la facturación total de la mayoría de las actividades productivas, industriales o comerciales. Con mayor carga sobre bancos y telecomunicaciones (8%) y el más alto para los juegos de azar: 15%.

Mientras una de las cámaras debatía los impuestos, la otra analizaba las leyes de emergencias y el endeudamiento. Después se revertiría el trámite. Allí también hubo una cesión: Kicillof quería que se extendiera por dos años la emergencia en “seguridad pública, política y salud penitenciaria; infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos; administrativa y tecnológica; y social, económica, productiva y energética en el ámbito de la provincia de Buenos Aires”.

El acuerdo quedó en que será por un año. “Ya estuvo cuatro años en emergencia el gobierno provincial”, argumentaron en el bloque de senadores del Pro que conduce el marplatense Alejandro Rabinovich (Pro). En ese paquete quedó vedada la posibilidad de creación de nuevas estructuras públicas.

El gobernador buscaba mostrar un diferencial con las decisiones nacionales. Mientras Milei achica Estado, la Provincia mantiene o incrementa las prestaciones. Pero no pasó el filtro legislativo.

Aun cuando UxP tiene la primera minoría en Diputados y en Senado. El oficialismo necesita negociar para conseguir el quorum en ambos recintos y –en el caso de los impuestos- los dos tercios de los presentes para su aprobación. En ese camino de negociación política fue donde tuvo que ceder Kicillof.

En las negociaciones entraron también los intereses de los intendentes. El gobierno accedió a fijar un fondo de “libre disponibilidad” para remitir a las 135 comunas. Es para reemplazar el Fondo de Infraestructura Municipal que estaba en el presupuesto 2023. Era un reclamo de los alcaldes radica-les. Los del Pro y algunos peronistas querían que además se anulara una deuda que tienen con Provincia por el pago de los 60 mil pesos a los empleados municipales, que dispuso en plena cam-paña el ministro-candidato, Sergio Massa.

La Plata (Corresponsalía)

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