El Gobierno nacional presentó este martes ante la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, un pedido formal de suspensión del fallo judicial que obliga a la Argentina a pagar más de u$s16.000 millones por la expropiación de YPF. Se trata de un recurso técnico conocido como «stay» en la legislación estadounidense, que permitiría frenar la ejecución de la sentencia mientras se tramita la apelación.
La presentación fue realizada por la Procuración del Tesoro, que conduce Rodolfo Barra, y busca evitar que se avance con la entrega de acciones de YPF mientras no haya una sentencia firme. En caso de que Preska no acceda, el Gobierno tiene previsto recurrir a la Corte de Apelaciones.
El plan del Gobierno en el caso YPF
Desde la Casa Rosada aseguran que la sentencia de Preska es de cumplimiento imposible, y que el Estado argentino no negociará con el fondo Burford Capital, principal beneficiario de la demanda, mientras el fallo no esté firme.
La estrategia legal se basa en ganar tiempo y reducir el monto final del juicio. Según fuentes oficiales, existen argumentos sólidos para rebajar la cifra de u$s16.000 millones a «algunos cientos de millones», algo que buscarán demostrar en la apelación.
Javier Milei descarta negociar con Burford Capital
Aunque desde el fondo litigante dejaron trascender la posibilidad de negociar un acuerdo extrajudicial, el Gobierno fue tajante: no habrá acuerdo mientras la sentencia no sea revisada por instancias superiores. Además, consideran que entregar la mayoría accionaria de YPF sería un daño irreparable para el patrimonio del Estado.
Qué puede pasar si se aprueba la suspensión del fallo
La expectativa oficial es que, si se aprueba el recurso, la ejecución del fallo se postergue hasta que finalice la segunda instancia judicial. Eso le daría al país varios meses de margen, cruciales para evitar una crisis legal y financiera inmediata.
En el peor de los casos, si Preska rechazara el pedido, el Gobierno espera al menos ganar los 90 días que habilita el cronograma procesal para la presentación de los documentos de apelación.
Qué puede pasar si no se frena el fallo por el juicio de YPF
El peor escenario para el Gobierno sería que ni la jueza Loretta Preska ni la Cámara de Apelaciones otorguen la suspensión («stay») de la sentencia. Si eso ocurre, a mediados de julio podría activarse la ejecución del fallo, forzando a la Argentina a iniciar el pago por la expropiación de YPF.
En Casa Rosada advierten que ese escenario sería inviable, no solo desde lo legal, sino también desde lo operativo: las acciones involucradas no son de sencilla transferencia y, si el fallo fuera revertido luego, sería técnicamente muy difícil para el Estado recuperar esa tenencia.
El caso seguirá dos caminos simultáneos. Por un lado, la discusión de fondo sobre si la expropiación de la petrolera en 2012 fue legal. Preska falló que el Estado debía haber extendido la oferta hecha a Repsol también al Grupo Petersen, y que al no hacerlo violó el estatuto de la empresa. Esa fue la base de la condena en primera instancia, que ahora la defensa argentina buscará revertir en los tribunales superiores.
Además, el Gobierno también disputará el monto de la condena. Según fuentes oficiales, los u$z16.000 millones establecidos no son una cifra final ni consolidada. En la estrategia legal se argumentará que el cálculo tiene errores y que el monto real podría ser considerablemente menor. En ese sentido, sostienen que una revisión técnica podría reducirlo a «algunos cientos de millones de dólares».
El conflicto por YPF escala en el plano político
El fallo por la expropiación de YPF ya comenzó a tensar el clima político local. En paralelo al reclamo judicial, Cristina Fernández de Kirchner pidió públicamente a los legisladores del PJ que rechacen cualquier intento de avanzar con la entrega de acciones de la petrolera estatal.
Mientras tanto, el juicio continúa avanzando en Estados Unidos, con impacto directo sobre la imagen económica y jurídica del país. Para el Gobierno de Javier Milei, evitar la ejecución del fallo es clave para sostener la confianza de los inversores sin comprometer los activos estratégicos del Estado.