Llaryora busca imitar a Bullrich y prepara una avanzada represiva

El pasado martes 27 de junio se conoció la publicación del decreto 383/25 en el Boletín Oficial mediante el cual el Gobierno Nacional ha atacado nuevamente las libertades democráticas del conjunto de las y los trabajadores como de los sectores populares de nuestro país. El decreto presidencial constituye un avance más en la reforma libertaria que tiene como antecedente la sanción de la ley bases, la firma del Pacto de Mayo en la provincia de Tucuman el pasado 9 de julio de 2024 al que asistió el Gobernador Martín Llaryora y el fallo proscriptivo hacia Cristina Fernández de Kirchner que tiene como objetivo inhabilitarla a perpetuidad para postularse y ejercer cargos públicos.

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En este contexto, este fallo es un grave ataque a las libertades democráticas, ya que la Corte Suprema y el gobierno se arrogan el derecho de decidir quién puede ser candidato y quién no, privando a una parte importante de la población de la Argentina del derecho de elegir. No obstante el fallo proscriptivo, el decreto 383/25 es otro medio por el cual se profundiza e institucionaliza el ataque a las libertades democráticas y este decreto amplía a la Policía Federal Argentina en la que podrá iniciar el cyberpatrullaje, requisar, inspeccionar y hasta detener sin orden judicial, tan sólo con “considerar” respecto a la vestimenta o rostro si una persona resulta sospechosa, claramente atentan contra la legalidad, contra las garantías de defensa en juicio, con las libertades democráticas.

Desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos en Córdoba, se impone la necesidad de remarcar que este decreto es la concreción de una política represiva que hace tiempo viene teniendo lugar en la provincia que gobierna el Peronismo en cabeza de Llaryora en sintonía con el gobierno nacional de Javier Milei y su ministra de seguridad Patricia Bullrich.

Desde el primer mes de gobierno de Milei, ante la devaluación y caída del poder adquisitivo de los salarios anunciada por el ministro de economía Caputo y el anuncio de la aplicación del Protocolo Antipiquete de Bullrich, trabajadoras y trabajadores se dieron cita en la emblemática esquina de Patio Olmos en el centro de la Ciudad de Córdoba. Llaryora tuvo un posicionamiento claro al desatar la fuerza represiva para desalojar a los manifestantes. Aquél 28 de diciembre de 2023, fue la única provincia del país que reprimió uno de los primeros cacerolazos, con gas lacrimógeno y golpes avanzaron sobre más de 3000 personas que se encontraban manifestando pacíficamente.

Como saldo de la represión resultaron detenidos el periodista Rodrigo Savo de Enfant Terrible, dos estudiantes de la UNC y nuestro compañero arquitecto egresado de la UNC Juan Celli. Los delitos por los cuales los imputaron fueron entorpecimiento de la vía pública y resistencia a la autoridad. Estuvieron detenidos más de 20 horas, de las cuales casi 10 las pasaron esposados en una traffic y luego fueron trasladados a la UCA hasta su liberación.

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Luego el 25 de mayo del 2024, el presidente Milei junto al gobernador Llaryora participaron de un acto en la Plaza San Martín en el que supuestamente se firmaría el Pacto de Mayo (Que se firmó en julio).

Frente al agravamiento de las condiciones de vida de las y los trabajadores, de jubiladxs y de estudiantes, sectores de trabajadores como UEPC Capital, organizaciones sociales y la izquierda se dieron cita en el centro de la ciudad para repudiar el plan de guerra de Milei contra la clase trabajadora. Mientras el gobernador Llaryora participaba del acto del Gobierno nacional, la Policía Provincial gaseó e hirió a manifestantes y detuvo a docentes y una compañera jubilada.

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Asimismo, en la Córdoba de las campanas, las mujeres y diversidades sexuales son atacadas por las policías cuando se organizan contra la opresión y la explotación. El pasado 10 de agosto del 2024 en la que vecinos se organizaron contra la decisión de la Jueza Sandra Cúneo que atacó los derechos de las infancias en la causa Taricco. El resultado fuela detención y la imputación de tres manifestantes por los delitos de Entorpecimiento de la vía pública y resistencia a la autoridad.

La Justicia Provincial en sintonía con la Justicia Nacional, persigue a las abogadas que defienden madres que luchan por los derechos de sus hijas e hijos al denunciarlas ante autoridades administrativas.

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El pasado sábado 14 de junio se realizaba la asamblea de disidencias sexuales en un local privado, la policía irrumpió en la puerta. Tres oficiales, con varios móviles, intentaron indagar sobre la reunión y hacer notar su presencia. Preguntaron: «¿Aquí hay una asamblea LGTBI?». Desde la Asamblea emitieron un comunicado denunciando que estas acciones son parte de un intento de amedrentar a quienes luchan. Se da en el marco del objetivo del gobierno de Hacemos por Córdoba de querer limitar la protesta social, como también el intento de reprimir la movilización del 3J, todo en sintonía con el recrudecimiento de la política represiva de Milei y Bullrich.

El pasado 19 de mayo los trabajadores y trabajadoras despedidas del Hospotal Rawson quisieron instalar en el hospital la carpa blanca, como hicieron durante más de un mes en lucha por la reincorporación de los despedidos y en defensa de la salud pública y Llaryora respondió este reclamo enviando a la polícia para impedir que instalen la carpa.

En conclusión, Llaryora viene aplicando el ajuste en la Provincia como lo hace Milei a nivel nacional, ajuste que se revela en números del desempleo alarmantes, los salarios estatales, de docentes, de profesionales de la salud como los trabajadores del Rawson, de los trabajadores judiciales por debajo de la línea de la pobreza. Cada vez son más las familias que son expulsadas a las calles por no poder pagar el alquiler, o revuelven la basura porque no les alcanza para poner un plato de comida en la mesa. Mientras todo esto sucede Llaryora toma dos medidas importantes a las que destinan gran presupuesto como fue la incorporación de más de cinco mil armas no letales a la policía provincial y la inversión de 119 millones de pesos para la construcción de una cárcel de máxima seguridad subiéndose a la ola bukelista en la provincia.

¿Cuáles son los desafíos para defender las libertades democráticas en la Provincia y en la Nación, para luchar contra el fallo proscriptivo de la Corte y para anular el decreto 383/2025?

Tenemos un precedente de un intento de la Corte en querer avanzar con un fallo que implicaba cierto retroceso en lo conquistado, el fallo del 2×1 para la libertad de los genocidas. Aquel fallo lo enfrentamos en las calles de manera unida con movilizaciones masivas en todo el país donde confluimos mujeres, estudiantes, trabajadores, desocupados, jubilados, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, etc en defensa de los derechos humanos.

Ese es el camino que tenemos que seguir para que tiremos el fallo proscriptivo y el decreto con la modificación del estatuto de la PFA.

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¿Qué desafios tenemos en la Provincia de Córdoba?

Visto y considerando que el gobierno provincial de Martin Llaryora decide seguir el ejemplo de Milei y Burrlich tanto en medidas en la materia económica como represiva, aplicando un ajuste brutal en los trabajadores, persiguiendo y reprimiendo manifestaciones con la complicidad con el poder judicial provincial, persiguiendo también a las abogadas que defienden los derechos de los mamifestantes perseguidos por luchar se vuelve fundamental la necesidad de seguir organizándonos en los espacios que habitamos, en el trabajo, en la facultad, para poder construir una fuerza social provincial contra los ataques de Milei y Llaryora.

Cómo perspectiva de organización, llamamos a construir el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), un organismo de derechos humanos independiente políticamente junto a estudiantes de derecho y abogados que se organice en post de la defensa de las libertades democráticas, y los derechos de las y los trabajadores, mujeres, juventud, jubilados.