El Senado desactivó este jueves, con amplia mayoría, los vetos del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario y emergencia médica. Tras la aprobación por parte de ambas Cámaras, el gobierno deberá promulgar las legislaciones. Los tres senadores santafesinos tuvieron una discrepancia.
Lo cierto es que el rechazo a ambos vetos de Javier Milei tuvo una importante mayoría. Al igual que en la ley de emergencia en discapacidad, siete senadores votaron en contra, seis de ellos pertenecientes a La Libertad Avanza: Bartolomé Abdala, Ezequiel Atauche, Ivanna Arrascaeta, Bruno Olivera Lucero, Juan Carlos Pagotto y Francisco Paoltroni. Por su parte, Carmen Álvarez Rivero, de Juntos por el Cambio, se sumó a la negativa.
Los senadores santafesinos Marcelo Lewandoski (Frente Nacional y Popular), Carolina Losada y Eduardo Galaretto (UCR – Juntos por el Cambio) votaron a favor de rechazar el veto presidencial a la ley de emergencia pediátrica.
Sin embargo, en cuanto a la ley de financiamiento universitario, Losada se abstuvo, compartiendo la decisión con Enrique Goerling Lara, Alfredo Luis de Angeli y María Victoria Huala, todos del Frente Pro-Juntos por el Cambio.
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Otro golpe a Milei en el Senado
Con el aval de la oposición y de un sector del radicalismo dialoguista, la Cámara alta reunió los dos tercios necesarios para insistir con la sanción original. Con 58 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones, el veto a la ley de financiamiento fue rechazado de manera contundente.
La pulseada marca un nuevo revés político para Milei a menos de un mes de las elecciones nacionales. Mientras tanto, el movimiento estudiantil sigue con atención los movimientos de la Nación, que sigue sin transferir los fondos de la ley de Emergencia en Discapacidad promulgada hace ya varios días.
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La ley de financiamiento universitario que tuvo luz verde este jueves propone actualizar las partidas presupuestarias para el funcionamiento universitario, hospitales universitarios, ciencia y tecnología, y extensión universitaria al 1° de enero de 2025, según la inflación acumulada de 2023 y 2024. Además, para este año, propone implementar actualizaciones bimestrales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec.
La iniciativa también establece una recomposición salarial para docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la sanción de esta ley por inflación acumulada. Luego, se debería actualizar de manera mensual por IPC. Según la OPC, la iniciativa tendría un costo fiscal equivalente al 0,23 % del PBI.