La Cámara Federal de Casación confirmó que la exvicepresidenta Cristina Kirchner continuará cumpliendo la prisión domiciliaria de la causa “Vialidad” en su departamento de San José 1111. En esa línea y por mayoría, la Sala IV del máximo tribunal penal del país mantuvo dos de las normas de conducta establecidas por el Tribunal Oral N° 2 para el cumplimiento del arresto domiciliario al convalidar que la exmandataria deberá seguir usando la tobillera electrónica y solicitar autorización judicial para las visitas fuera de la lista que presentó su defensa.
Los camaristas Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, analizaron los planteos tanto del fiscal general ante esa instancia, Mario Villar, y de los defensores Carlos Beraldi y Ary Llernovoy. Durante la audiencia celebrada a principio de semana el Ministerio Público aludió que CFK no podía seguir cumpliendo la condena en el departamento del barrio de Constitución por razones de su seguridad y por la alteración de la situación del barrio y la circulación general de la zona en la que se encuentra el domicilio.
Previamente, Villar desistió del planteo de sus pares de juicio, Sergio Mola y Diego Luciani quienes en un principio habían adelantado que iban a solicitar que Cristina cumpliera la pena en cárcel común. Este giro de la fiscalía fue calificado por el juez Gustavo Hornos en su voto como “una inconsistencia sustancial”.
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En ese contexto a Hornos le pareció “llamativamente contradictorio”, el hecho que la propia Fiscalía en forma subsidiaria, reclamase modificar el domicilio donde Cristina cumple prisión domiciliaria y concluyó que el planteo “no ha sido adecuadamente fundado ni acompañado de prueba concreta y actual”.
Por su parte, Mariano Borinsky coincidió con el criterio de su colega, pero advirtió que “si se verificaran eventuales y futuros planteos sobre hipotéticos incumplimientos por parte de la nombrada de las condiciones impuestas, se podrían evaluar opciones y/o alternativas al inmueble establecido para el cumplimiento de la pena, a fin de preservar la tranquilidad pública y la paz social”. El camarista Diego Barroetaveña acompañó las posturas de sus pares, pero se refirió a la seguridad de Cristina detallando que la custodia debería advertir situaciones riesgosas en caso de detectarlas.
Sobre el uso de las tobilleras y la restricción de las visitas sin autorización cuestionadas por los abogados de la exvicepresidenta, hubo posiciones encontradas mayoritariamente. Por un lado, Hornos señaló que “pretender que la presencia de personal de custodia estatal en un domicilio sustituya los fines propios de un dispositivo de monitoreo penal implica una confusión de esferas normativas, y supone relativizar la obligatoriedad y objetividad del control judicial exigido en una pena privativa de libertad, aun bajo la modalidad domiciliaria”.
En ese sentido, Barroetaveña agregó que el uso de la tobillera “no lo torna un instrumento punitivo, estigmatizante, desproporcionado ni innecesario”, mientras que Borinsky en disidencia consideró su uso como “innecesario y superfluo a los fines de controlar la ejecución de la pena” y recordó que la exvicepresidenta es una persona de público conocimiento, que estuvo siempre a derecho y que cuenta con custodia policial permanente.
Sobre la restricción de visitas los jueces por mayoría concluyeron que “no puede considerarse arbitrario ni desproporcionado que se exija autorización previa para el ingreso de personas ajenas al núcleo familiar o profesional inmediato”, pues ello avala un control judicial efectivo. En su punto disidente, el juez Borinsky planteó que “solamente pueden restringirse los derechos de la persona que autoriza la sentencia, y no otros como, por ejemplo, la intimidad y el ejercicio de los derechos políticos de Cristina Fernández de Kirchner, quien constituye una figura destacada de un espacio político”.
Cristina se anota una victoria al mantener el departamento de San José 1111 como el lugar donde seguirá cumpliendo la pena de la causa “Vialidad”. Sin embargo, la próxima semana se conocerá concretamente cuánto dinero y a partir de cuándo deberá devolver junto al resto de los condenados en ese expediente.
El cuerpo de peritos de la Corte elevó un informe con la actualización del monto de los embargos por la defraudación al Estado, que al momento de la condena en 2022 era de 85 mil millones de pesos.
De acuerdo con los especialistas contables del Máximo Tribunal, el ajuste de la suma roza los 685 mil millones de pesos (aproximadamente unos 540 millones de dólares, conforme a la tasa cambiaria vigente).
El parámetro base para el cálculo fue el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec; por otra parte, los peritos de la defensa de Cristina también elevaron su dictamen que, según pudo conocer PERFIL, es muchísimo menor al expuesto por la Corte.
Ambos informes serán evaluados por el magistrado de ejecución, Jorge Gorini quien deberá determinar cuánto debe depositar cada condenado en un plazo de 10 días. De no hacerlo, los bienes de Cristina y del resto serán embargados.