Dos fiscales federales fueron denunciados este lunes por negarse a investigar hechos de violencia ocurridos en varias cárceles federales entre 2023 y 2025, principalmente en el Complejo Penitenciario de Ezeiza. Se trata del Fiscal Federal Nº1 de Lomas de Zamora Sergio Mola, y de Cecilia Incardona, quien se desempeña como Fiscal Federal Nº2 de la misma jurisdicción. Varios jueces habían cuestionado sus dictámenes en reiteradas oportunidades.
Según la presentación, tanto Mola como Incardona le negaron el rol de querellante al Servicio Penitenciario Federal en varias causas en las que se investigaban hechos de violencia ocurridos dentro de establecimientos penitenciarios, a la vez que pidieron en forma injustificada el archivo de las causas iniciadas a raíz de esos incidentes. La excusa: que se trataba de «meras protestas carcelarias».
Sin embargo, varios de los dictámenes fueron declarados nulos por los jueces que intervinieron en las causas. En la denuncia, se cita como ejemplo el caso del juez Federico Villena, quien en reiteradas oportunidades declaró los fundamentos de los fiscales como “contrarios a derecho”, resaltó que contenían “argumentaciones meramente aparentes” y que habían intentado “dotar de una supuesta apariencia de legalidad a conductas que, prima facie, debían ser objeto de persecución penal”.
Qué delitos no investigaban los fiscales denunciados
Según la denuncia presentada por la Fundación Apolo, los casos en los que Mola e Incardona tomaron la decisión de no investigar son varios y ocurrieron entre 2023 y 2025. En la lista de conductas que los fiscales habrían sugerido pasar por alto hay amenazas al personal penitenciario y médico, incendios dentro de los pabellones y celdas y la destrucción de elementos de los penales, entre ellos mobiliario, estufas y cámaras de seguridad.
«Frente a tales hechos, los fiscales denunciados adoptaron un proceder uniforme de archivo infundado y exclusión del organismo directamente damnificado, decisiones que fueron posteriormente invalidadas por el juez federal interviniente», apuntaron desde la fundación, desde donde destacaron además que la decisión de archivar las causas generó un «perjuicio concreto al patrimonio público, debilitando la administración de justicia».
Además, en el escrito se hace foco en que, al pedir el archivo de las actuaciones, «no sólo se privó al Estado de la posibilidad de exigir responsabilidades y reparar daños cuantiosos, sino que además se dio un mensaje de impunidad hacia los internos que protagonizaron tales episodios» y resaltaron que tales antecedentes «muestran un patrón de ataques deliberados contra el orden institucional y la infraestructura penitenciaria».
Los delitos de los que acusan a los fiscales
La denuncia de este lunes acusa a los fiscales de los delitos de prevaricato y violación de los deberes de funcionario publico, ambos contenidos en el Código Penal, además de haber cometido faltas graves previstas en la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal y en el Reglamento Disciplinario.
El prevaricato es un delito que se aplica a los abogados, mandatarios judiciales, fiscales y demás funcionarios encargados de emitir dictamen ante las autoridades que, entre otras conductas, perjudiquen deliberadamente la causa que tienen encomendada. Tiene una pena de 2.500 a 30.000 pesos y puede llevar incluso a una inhabilitación especial por uno a 6 años.
En tanto, el segundo delito se aplica a aquellos funcionarios públicos que dicten «resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales» o a aquellos que las ejecuten. También a los que no cumplan las leyes a las que están obligados. La pena es de prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial.
Desde Apolo -la fundación anticorrupción con firmas de José Magioncalda y el legislador porteños Yamil Santoro- pidieron además al Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal que, en proporción a la gravedad de los hechos, se considere también la sanción de remoción de los funcionarios.
BPO