Más de 30 de los 147 procesados en el caso de los Cuadernos de las coimas buscan evitar el banquillo de los acusados: solicitaron realizar una reparación integral en lugar de ir a juicio. Para resolver este planteo, el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) fijó una audiencia con la intervención de la fiscal Fabiana León. En este expediente la principal acusada es Cristina Kirchner, como jefa de una asociación ilícita que se dedicó al cobro de sobornos. Esa cita será el 12 de septiembre.
El 24 de septiembre, de manera virtual, se llevará a cabo la audiencia organizativa de cara al juicio que comenzará el 6 de noviembre. La misma fue convocada por el presidente del TOF 7, el juez Enrique Méndez Signor, con la finalidad de establecer las pautas bajo las cuales se llevará a cabo el debate oral.
El TOF 7 también lo integran los jueces Germán Castelli y Fernando Canero, y en representación del Ministerio Público Fiscal intervendrá Fabiana León.
Durante la audiencia se invitará a todas las partes a limitar la prueba sobre la que versará el juicio oral «a aquella que resulte de imprescindible producción y evitar la reiteración de las efectuadas para la acreditación de hechos notorios no controvertidos”.
En las últimas, semanas más de 30 imputados -muchos empresarios y también ex funcionarios de relevancia- pidieron canjear el juicio por una reparación integral: un acuerdo unilateral para resarcir económicamente el daño ocasionado y evitar sentarse en el banquillo de los acusados.
Cuando los escritos fueron presentados ante el TOF 7, la fiscal León solicitó que se ponga en conocimiento de todos los imputados el pedido y que se fijase una audiencia “para que expresen sus pretensiones”, indicaron fuentes judiciales a Clarín.
Según infformó la fiscal en el expediente, el caso Cuadernos es la “investigación de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina y solo comparable a unas pocas a nivel mundial».
Las medidas cautelares vigentes da una dimensión de la envergadura del caso. A la fecha, en la causa madre y las seis conexas que serán juzgadas de forma conjunta, hay embargos trabados por casi 1.110 millones de dólares. La cifra alcanza a Cristina Kirchner y su patrimonio.
Fuentes judiciales indicaron a este diario que ante un eventual decomiso fruto de una sentencia condenatoria, esa cifra global deberá ser actualizada.
Con ese telón de fondo y con una acusación central por sobornos, ex funcionarios y empresarios pidieron realizar una reparación integral. El TOf 7 citó a una audiencia para analizar estos planteos y será el 12 de septiembre de forma virtual.
El circuito de coimas
Para la justicia federal, durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner existió una estructura de corrupción que funcionó desde el Ministerio de Planificación Federal para recaudar fondos ilegales, que eran pagados por empresarios contratistas del Estado vinculados a diversos rubros. Esa acusación fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal el año pasado y se allanó el camino hacia el juicio.
Mientras cumple la sentencia condenatoria del caso Vialidad, por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, con un daño ocasionado estipulado en 537 millones de dólares, la expresidenta estará sentada otra vez en el banquillo de los acusados: cinco años después que el fallecido juez Claudio Bonadio, elevó la causa a juicio oral y público.
A partir del jueves 6 de noviembre, las audiencias públicas se harán todos los jueves. Se admitieron 630 testigos para el debate oral en una causa con más de 147 imputados -casi todos políticos y ex funcionarios del kirchnerismo y empresarios- involucrados en el circuito de sobornos.
Cristina está acusada de haber dirigido una asociación ilícita y se le atribuyen un conjunto de hechos vinculados a las coimas que su gobierno percibía para garantizar a contratistas del Estado diversas concesiones, negocios y obras públicas.
El puntapié inicial fue Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta -mano derecha del ex ministro Julio De Vido- quien llevó durante años un detallado registro del recorrido de los bolsos con dinero, presuntamente proveniente de coimas millonarias que empresas de la construcción, entre otras, pagaban a los gobiernos kirchneristas desde 2003 y hasta 2015.
El sistema funcionó con la «participación indispensable» de los empresarios, todos sobreseídos por el delito de asociación ilícita y quienes sólo responderán en el juicio oral por la acusación de cohecho.
La estructura investigada, básicamente, consistía «en una serie de ‘puntos fijos de recaudación, en los cuales se reunían los funcionarios identificados con los empresarios, de los cuales recibían dinero en efectivo, principalmente en moneda estadounidense», detalla la acusación que se leerá el día del juicio.