Diego Spagnuolo, horas antes de ser eyectado como titular de ANDIS luego de la difusión pública de sus audios denunciando hechos de corrupción a la más alta escala del gobierno de Javier Milei, ofreció dos versiones distintas sobre el origen de las grabaciones que lo tienen como protagonista.
Después, el Gobierno, se enredó en una interna que derivó en dos alocadas denuncias donde triunfó el ala de Patricia Bullrich, que complicó aún más el futuro frente judicial para el Ejecutivo y lejos de contener el escándalo, lo magnificó. Las consecuencias se verán con el correr de los días, sobre todo para el polémico juez civil y comercial federal Patricio Alejandro Marianello. En paralelo, el fiscal Carlos Stornelli estaba echando maldiciones. La redacción del líbelo complicó cualquier margen de maniobra.
La primera versión que dio Spagnuolo cuando le enfocaron el reflector en la cara apuntó a Natalia Basil, esposa del consultor en campañas políticas Fernando Cerimedo, quien –al momento de las grabaciones que datan de varios meses atrás- era la encargada de las partidas presupuestarias en ANDIS. Había sido nombrada en mayo de 2024, pero en diciembre fue, sorpresivamente, catapultada a AYSA. ¿Un castigo? Fuentes oficiales le confiaron a Ámbito que un probable motivo fueron las irregularidades que había recopilado, entre ellas, el canal preferencial de la Droguería Suizo Argentina de los Kovalivker. Nadie quiere indagar en quién financió el despliegue de fiscales para la segunda vuelta electoral donde triunfó LLA.
Cambio de versión
Pero la versión mutó con el correr de las horas ante otros interlocutores del Gobierno que frenéticamente lo interrogaron. “No es la que dicen. ¿Quién me grabó? No se los voy a decir”. Ámbito confirmó con varios funcionarios que esa fue la respuesta, desafiante. Fue antes de cortar los teléfonos y el diálogo con los miembros del Ejecutivo que intentaban contener la crisis. Esta segunda versión encendió de furia al núcleo más cercano a Javier Milei. Los tuvo seis horas en ascuas anunciando que iba a presentar su renuncia “agotamiento moral” para “descomprimir”. Hasta mandó un borrador. Nunca lo hizo. El comunicado de la Oficina del Presidente pasada la medianoche del 21 de agosto lo tiró por la ventana. Se había acabado la paciencia. Hoy reconocen que, si no hubiese habido una reacción visceral, todavía se podría estar discutiendo la veracidad de los audios. Ya nadie pone en duda su autenticidad.
El Gobierno estaba al tanto de que los audios estaban en poder del periodismo días antes. Y saben también que hay muchas más horas de diálogos en los que el ex titular del ANDIS desnuda toda clase de barbaridades que impactan en lo político, pero desnudan, también, una trama delictiva. “Era el abogado del presidente”, graficaron quienes tempranamente advirtieron que se avecinaba una crisis política de mayor alcance que el caso $LIBRA.
Santiago Viola intentó ponerle abogados apenas el caso ingresó a tribunales. Volvió con un fracaso. “No quiso”, fue la lacónica respuesta a la malograda gestión. Spagnuolo nombró a Juan Araoz de Lamadrid y a Ignacio Rada Schultze, con quienes fuentes oficiales le aseguraron a Ámbito que no logran siquiera tener diálogo para unificar una estrategia cuando el caso empezó a salpicar a Karina Milei, la secretaria general de Presidencia.
Cuando aparecieron audios que sugerían que la hermana del presidente también había sido grabada, se encendieron todas las alarmas y se convocó, el viernes, a un comité de crisis con todos los asesores jurídicos del Gobierno.
Desacuerdos en el comité de crisis
La propuesta más suave que se tiró sobre la mesa era la de denunciar, en sede penal, un espionaje como un delito de acción pública. Sin nombres. Solo con el argumento de que la Secretaria General de la Presidencia había sido registrada, de forma subrepticia, en la Casa Rosada. Pero pasado el mediodía, cerca de las 12.30, Viola anunció que Fernando Soto había interpuesto una demanda en el fuero civil y comercial federal para evitar la difusión de los audios a través de una cautelar. Nadie se logra explicar por qué acudieron a ese fuero. Pero peor, por qué aceptó el magistrado tomar el caso que involucra a una funcionaria pública.
Se agarraron la cabeza dos veces: la primera cuando Soto –asesor de Bullrich- respondió que había pedido habilitar días y horas inhábiles. Eso significaba que quien estaba de turno era el juez Juan Stinco. La segunda cuando supieron que había recaído, finalmente, en Marianello, multidenunciado por acoso laboral pero, para peor, por acoso sexual en varias oportunidades. Y que sus expedientes estaban a consideración del Consejo de la Magistratura. Los de acoso laboral a cargo del representante del Ejecutivo Sebastián Amerio y los de índole sexual bajo la órbita de Luis Juez. Marianello, competía a su vez para camarista del fuero y su blindaje en el Consejo estaba sostenido por alfileres hasta antes del escandaloso fallo que censuró la difusión de audios.
Con citas de dudosa calidad jurídica Marianello se inmoló. No se sabe por qué causa. Si con la esperanza de lograr un ascenso o con la intención de presionar para remover el testimonio de una de las testigos en el expediente por acoso laboral que declaró contra el juez, una muy proba funcionaria judicial que resulta ser nada menos que la hija del Jefe de Gabinete Guillermo Francos. Si algo de esto tuvo una planificación, está años luz de concretarse.
Según pudo saber Ámbito, la medida cautelar que prohibió a los medios de comunicación en su conjunto difundir los audios está camino a ser revocada por la Cámara Civil y Comercial Federal cuando le toque el turno de opinar. No es difícil explicar que va contra la Constitución. El futuro de Marianello como juez queda sin red ante un Consejo de la Magistratura obligado a tomar posición.
Bullrich juntó a sus enemigos
En la faceta penal se ve el trazo de Bullrich que, desatendiendo consejos, metió en un mismo escrito a varios de sus enemigos históricos. Firmó Soto. Nadie más quiso hacerlo. Más allá de la torpeza política (y jurídica) de haber incluido allanamientos a periodistas, apuntó contra el ex espía Fernando Pocino –a quien tiene en la mira desde el caso Maldonado-, a Franco Bindi, pareja de la diputada que supo integrar las filas libertarias Marcela Pagano pero además con proyección geopolítica y relación con el régimen de Nicolás Maduro y a Pablo Toviggino, mucho más que sólo el tesorero de la AFA. Y a Rusia que terminó contestando por vía diplomática, lo que agigantó el ridículo.
La ensalada de enemigos propios que Bullrich incluyó en la denuncia –aprovechando el desconocimiento y la paranoia de los Milei para anotarse un punto en la interna– terminó por maniatar las chances de la vía judicial, en la que Stornelli debió hacer una pirueta para poder dar impulso. En el fondo, no saben si existió un “empleado infiel” que grabó, si Casa Militar no pasó el scanner semanal para evitar cableados en los despachos o si directamente es una puñalada entre los propios.
Como en el meme del “hombre araña”, todos se apuntan entre sí: los Menem –“Lule” y Martín- apuntaban a Caputo. El asesor presidencial y su gente buscaban poner paños fríos y la denuncia penal para que se investigue si habían sido grabados de forma ilegal era lo único que podía calmar a “El Jefe” y al Presidente. Martín Menem iba solo por la cautelar para poner un torniquete a la sangría de audios y creen que si la operación fue interna el caso podría pegar la vuelta e impactar en Mario Lugones, a cargo de Salud e íntimo de Santiago. Están seguros que la voz de Karina fue registrada en algunas de las reuniones que la hermana presidencial mantenía en despachos del Congreso con miembros de LLA. Fomentan la teoría del topo interno. Porque esas reuniones eran de a uno.
En el Ejecutivo no están tan seguros porque asistieron a reuniones con más personas y la Secretaria General y porque escudriñan la “suciedad” del audio que denota distancia con el objetivo. Los mandaron a analizar por su cuenta.
Como si fuera poco, en el mercado de los laboratorios se frotaban las manos con todo el escarnio: la caída en desgracia de Suizo Argentina de los Kovalivker, dicen en estricto off, los libera del circuito que les juntaba la cabeza para poder venderle al Estado. Antes de todo esto, Spagnuolo le decía a quien quisiera escucharlo que “los Menem” eran los que impedían una auditoría integral en el ANDIS. Él jamás hizo acto administrativo alguno para impulsarla.
El topo que venía a destruir el Estado se encontró frente al topo que intenta destruir al Gobierno.