Doce personas detenidas en las últimas semanas tras una serie de allanamientos en Rosario y Granadero Baigorria fueron imputadas por integrar una asociación ilícita dedicada a la venta de drogas a baja escala con base en el barrio Parque Casas. Al grupo —al que le incautaron 37 teléfonos celulares, armas y marihuana fraccionada— le atribuyen incidentes violentos en la zona norte, como un ataque con una granada a la comisaría 10ª y una serie de balaceras a domicilios, entre otros delitos.
Luego de dos meses de investigación con escuchas telefónicas, el fiscal César Pierantoni llevó a audiencia imputativa este miércoles a los detenidos tras allanamientos del 15 de agosto pasado en domicilios de Rosario y el barrio Remanso Valerio, de Granadero Baigorria. El juez Gustavo Pérez de Urrechu formalizó la imputación para el preso Maximiliano B., alias «Boli», como jefe de una asociación ilícita y para el resto como integrantes de la organización, acusados además del comercio de estupefacientes en modalidad de microtráfico. Nueve de los implicados quedaron en prisión preventiva por dos años y el resto por seis meses.
La organización, según la pesquisa, cometió extorsiones, amenazas, portación de armas, abuso de armas y microtráfico de drogas con particular influencia en Parque Casas y puntos de venta en Nuevo Alberdi oeste. Un armado que funcionó al menos desde noviembre pasado.
El grupo fue detenido en un operativo a cargo de la Policía de Investigaciones que incluyó, además de los allanamientos en Parque Casas, requisas a domicilios de Los Pumitas y la Zona Cero. En esas viviendas fueron incautados un pistolón, 16 cartuchos calibre 32, marihuana fraccionada, celulares y una moto. En una casa de Rauch al 1300 de Rosario, un perro entrenado marcó en un dormitorio el calzado de un nene, tipo botín de fútbol, donde se encontró una bolsa de nailon con un trozo compacto de marihuana que pesó 18,9 gramos.
Operativo sorpresa en Parque Casas
Los hechos que pusieron al grupo en el foco de una pesquisa fiscal comenzaron en noviembre del año pasado. La tarde del viernes 8, en un procedimiento de la policía rosarina que se presentó como de “saturación sorpresiva” fue allanada una casa de Ciudadela al 2900. Se incautaron 192 gramos de marihuana fraccionada, una máquina contadora de billetes, dos balanzas, anotaciones y material balístico, además de un auto Renault Kangoo recibido dos días antes que había sido robado en un asalto con arma en Bulevar Seguí y pasaje Martino.
La policía apresó entonces a una persona que arrojó a ese auto un revólver 38 Special sin aptitud para el disparo. Sue según el parte oficial “ofreció dinero al personal” del Comando Radioeléctrico en nombre de Boli. Ese día también fue apresada Ayelén M., por entonces pareja del sindicado jefe, quien ya había sido imputada por aquel hallazgo de droga y ahora sumó la pertenencia a la asociación ilícita.
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Diez días después, el 18 de noviembre, desconocidos arrojaron una granada de mano al interior de un patio de la comisaría 10ª, de Darragueira 1158. Si bien se especuló con que el artefacto había sido arrojado desde una moto, las autoridades de Seguridad provincial indicaron luego que había sido lanzado desde dentro de la comisaría. Se encontró apenas iniciada la visita de unos 30 familiares de 62 alojados en el penal policial. Hubo gritos y expresiones de alarma, un policía realizó un disparo al aire y los presos fueron trasladados al Order.
La granada de mano FMK2 de fabricación nacional tenía carga explosiva pero carecía de tren de fuego, es decir que estaba inactiva. En aquel momento se desconocía el motivo de la intimidación. Según la imputación de este miércoles, fue ordenada por Maximiliano B. en represalia por el operativo en la calle Ciudadela. En registros telefónicos del acusado como jefe se encontraron alusiones al hecho: “Preguntale a los de la décima, soy re resentido. Esos los curé, no le roban más a nadie”, dijo en un mensaje.
La seccional de Alberdi fue señalada en repetidas ocasiones por conexiones con bandas de la zona norte, volvió a quedar bajo la mira cuatro meses más tarde, en marzo de este año, cuando seis policías de la Brigada Motorizada fueron detenidos por favorecer a una mujer acusada de venta de drogas. La investigación alcanzó a dos jefes de la comisaría 10ª acusados de encubrimiento y se secuestró el libro de guardia.
El organigrama de la banda
De acuerdo con el fiscal Pierantoni, la organización de microtráfico era dirigida desde su lugar de detención por Maximiliano B., preso bajo la órbita del Servicio Penitenciario en la cárcel de Piñero y señalado como el “escalafón más alto de la estructura delictiva” y como el encargado de ordenar ataques violentos.
Su mano derecha era según la imputación Matías T., a quien le dicen «Sucio», también preso aunque en la cárcel de Coronda, y juntos coordinaban el negocio de venta, disponiendo qué cantidad de cocaína o marihuana entregaban a los vendedores así como cuáles eran los búnkers donde podían operar.
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Por debajo, Ayelén M. fue señalada la persona que actuaba como nexo con los demás miembros en libertad, a cargo de transferencias bancarias destinadas a la compra de drogas y de recibir el dinero para el fraccionamiento y venta. Por su parte Andrea A., pareja del preso en Coronda, “recepcionaba y distribuía los estupefacientes y recibía los pagos”.
Para el fiscal, Marcelo «Pollo» B., hermano del acusado como jefe, cumplía un rol operativo; Gisela R., actual pareja de Boli, se ocupaba de la logística y de mediar con los clientes y proveedores, realizaba transferencias y anotaba a deudores. A Nazareno O. le asignan tareas de transporte y distribución de pequeñas cantidades de drogas y el ocultamiento de armas.
Diez tiros y una molotov
Néstor R. fue considerado “brazo armado de la banda” como quien disponía sobre las armas y se encargaba de ejecutar hechos violentos y coaccionar a deudores. También le asignaron haber ido el 25 de agosto pasado en una moto Honda Falcon robada a un negocio de Centeno al 2300 donde dejó una nota extorsiva y efectuó al menos diez disparos mientras filmaba la secuencia con un celular. Tras el ataqu,e fue interceptado por la policía cuando escapaba con un acompañante en Oroño al 4100. Tras una persecución lo apresaron tras en Brandoni y Corrientes, con un arma 9 milímetros.
El juez dispuso el plazo máximo de prisión preventiva para todos ellos junto a Brenda M., quien cubrió algunas tareas de Ayelén tras su arresto y realizaba transacciones con su cuenta de Mercado Pago. Es considerada parte de los eslabones más bajos junto a los tres que quedaron con plazos de detención más acotados: Laureano P., Rodrigo U. y Luz I., con tareas similares.
En ese marco, Maximiliano B. fue acusado además de un intento de extorsión cometido entre el 28 y el 29 de junio pasados contra una mujer y a su padre que no llegaron a realizar pagos y de un atentado de la madrugada del 2 de agosto contra un domicilio de la calle Cavour al que arrojaron una bomba molotov para reclamar el pago de una deuda; plan que encomendó a su hermano Marcelo para que coordinara el ataque con dos ejecutores.