Cristina dice que su patrimonio es blanco, legal y quiere frenar la ejecución de bienes, a un día de que se venza el plazo
La dos veces presidenta busca frenar la ejecución de 530 millones de dólares, en el marco de la causa Vialidad. Además, cuestiona el cálculo de la Justicia
12/08/2025 – 17:51hs
La expresidenta Cristina Kirchner, detenida en su domicilio y cumpliendo una condena de seis años de prisión por el fraude de Vialidad, presentó hoy un escrito ante la Justicia solicitando suspender la ejecución de sus bienes y anular la medida.
También cuestionó el cálculo del supuesto perjuicio al Estado y se reservó el derecho de apelar a la Corte Suprema.
Cristina Kirchner reclama ante la Justicia: su plan para evitar el decomiso de sus propiedades
El pedido se presentó horas antes de que venciera el plazo fijado por el tribunal oral —este miércoles a las 9.30— para que ella y el resto de los condenados depositen los 530 millones de dólares establecidos como decomiso de bienes.
Según el fallo, ese monto busca reparar el daño causado al Estado. La expresidenta dejó claro que no abonará ninguna suma, a diferencia del resto de los condenados.
Entre los implicados que sí deberán cumplir con el depósito se encuentran el exsecretario de Obras Públicas José López; los extitulares de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti, Mauricio Collareda y Raúl Daruich; y los exfuncionarios de la Vialidad de Santa Cruz Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibáñez.
Cristina Kirchner sostuvo que su patrimonio y el de su familia son legítimos, respaldándose en fallos que la sobreseyeron en causas de enriquecimiento ilícito.
Afirmó que no posee bienes que hayan sido utilizados para cometer el delito juzgado ni que provengan de él, por lo que no podrían ser objeto de decomiso.
A través de escritos presentados por su abogado Carlos Beraldi, la exmandataria también cuestionó la competencia del Tribunal Oral Federal 2 para ejecutar el decomiso, sosteniendo que la discusión debería tramitar en el fuero civil y comercial. Además, objetó la cifra de u$s537 millones fijada por el juez Jorge Gorini, afirmando que no tiene patrimonio vinculado al delito para afrontarla.
Beraldi denunció que el monto se definió «sin debate previo» y con una metodología que considera inadecuada. Según explicó, el tribunal utilizó el índice de precios al consumidor (IPC) para actualizar los valores, descartando otras herramientas como las tasas bancarias, que —asegura— hubieran arrojado cifras hasta cien veces menores. Citó como antecedente los casos Hotesur y Los Sauces, donde se aplicó la tasa activa del Banco Nación.
La defensa solicitó a los camaristas Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña que anulen la resolución y ordenen dictar un nuevo fallo. También pidió suspender cualquier ejecución patrimonial, como embargos o depósitos, hasta que la sentencia esté firme y el monto sea revisado.
Bienes decomisados en causas penales: el nuevo reglamento de la Corte Suprema
Todos los bienes decomisados en la causa Vialidad serán informados a la Corte Suprema de Justicia, que el mes pasado aprobó un nuevo reglamento para el manejo de efectos secuestrados y un sistema de remate digital que entrará en vigencia el 1° de octubre.
El objetivo es transparentar el proceso de recuperación de activos de origen ilícito, una tarea que, en la lucha contra la corrupción, resulta tan importante como la condena penal.
A mediados de julio, la Corte dictó una acordada para la creación de un registro de bienes secuestrados y otra para regular la subasta online de los elementos decomisados. Si el cronograma lo permite, este mecanismo podría aplicarse en la causa Vialidad.
De acuerdo con la nueva reglamentación, «la Corte podrá afectar y asignar, por razones de un mejor servicio de justicia, para su propio uso o para el del Consejo de la Magistratura de la Nación aquellos bienes inmuebles que hubieran sido decomisados, a los fines de su utilización por parte del Poder Judicial de la Nación».
El procedimiento variará según el tipo de bien. En el caso de aquellos secuestrados que no puedan ser devueltos a sus dueños, así como los decomisados, la regla general será la venta inmediata. Para bienes muebles —registrables o no— que tengan valor o relevancia y que se encuentren en buen estado, se prevé su disposición provisional a la Corte Suprema. En esos casos, los magistrados deberán informar y poner los bienes a disposición del tribunal.