Mientras el gobierno elabora el próximo presupuesto quinquenal 2026-2030, el debate fiscal vuelve a ocupar el centro de la agenda económica del país.
El pasado 26 de junio en el Consejo de Ministros, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, presentó los principales lineamientos que orientarán la redacción del proyecto de ley que deberá ingresar al Parlamento antes del 31 de agosto, como lo establece el artículo 214 de la Constitución.
Oddone expuso el panorama macroeconómico y fiscal del país, destacando que el nuevo presupuesto buscará mantener un «nivel de deuda prudente», estimado en torno al 60% del Producto Interno Bruto, y que servirá de ancla para la aplicación de la regla fiscal.
Sin embargo, mientras se habla de «prudencia fiscal» y «reglas claras», el propio Poder Ejecutivo ha enviado al Parlamento la Rendición de Cuentas 2024 solicitando un aumento del tope de endeudamiento para el próximo año, llevándolo hasta los US$ 3.450 millones.
La gula del Estado
Justificar el aumento del tope de endeudamiento como algo necesario y responsable es de un cinismo exquisito. El Estado uruguayo está muy lejos de tener problemas de ingresos. Lo que existe es un despilfarro descarado de los recursos públicos.
| Redacción
No estamos frente a una situación de emergencia que requiera endeudarse más, sino frente a un Estado que gasta como si tuviera recursos infinitos, mientras endeuda a las futuras generaciones de nuestro país.
En 2024, el déficit fiscal llegó al 4,2 % del PIB, reflejando que el Estado continúa gastando por encima de sus posibilidades reales. El Gobierno Central y el Banco de Previsión Social (BPS) no quedan al margen de esta dinámica: acumulan un déficit conjunto del 3,3 % que evidencia un manejo irresponsable de los recursos públicos y una expansión constante del gasto estatal.
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Para financiar este derroche, el país incrementó su deuda pública en casi 5.700 millones de dólares en apenas un año.
Este aumento no solo significa más préstamos, sino también más intereses que se deberán pagar, limitando la capacidad del Estado para invertir en áreas prioritarias o reducir impuestos que beneficien a los uruguayos.
El ratio deuda/PIB subió del 64 % al 68,7 %, un claro síntoma de que la economía uruguaya se está financiando cada vez más con dinero prestado. Esta tendencia creciente es insostenible.
Millones para el progresismo identitario
Y lo más grave es en qué se gasta. En plena crisis fiscal, mientras el déficit crece y el gobierno toma más deuda, se siguen destinando millones de dólares a financiar una agenda que no genera empleo ni crecimiento económico.
| Redacción
El anexo «Políticas de Igualdad de Género» del ejercicio 2024 muestra que solo en políticas de género etiquetadas como tales, el gasto fue de más de 23 millones de dólares, repartidos entre campañas, capacitaciones, adecuaciones edilicias y compra de materiales para promover “igualdad”. Y esto sin contar otras áreas que camuflan el gasto.
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En 2019, bajo la administración de Tabaré Vázquez, se asignaron 621 millones de pesos uruguayos, equivalentes a unos 17,7 millones de dólares, para promover la perspectiva de género.
Para 2024, bajo el gobierno teóricamente de derecha de Luis Lacalle Pou, la cifra destinada a políticas feministas subió a 906 millones de pesos, aproximadamente 23,2 millones de dólares.
Acomodados por Ley
Para empeorar el escenario, existen las cuotas. En los últimos años, Uruguay ha establecido por ley diversos cupos laborales obligatorios para el ingreso al sector público.
La normativa establece, por ejemplo, el 8 % para afrodescendientes (Ley N.º 19.122), el 4 % para personas con discapacidad (Ley N° 19.691), el 1 % para personas trans (Ley N° 19.684) y ahora también para víctimas de delitos violentos, según lo establece el artículo 105 de la Ley de Urgente Consideración.
Durante 2024, ingresaron al Estado 415 personas afrodescendientes (197 hombres y 218 mujeres), 81 personas con discapacidad, 23 personas trans y de 1.808 vacantes para víctimas de delitos violentos, solo una fue efectivamente ocupada. A pesar del delirio que esto supone y de la elefantiásica e ineficiente burocracia estatal, no se cumplió con la Ley de cuotas.
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El empleo público se ha transformado en un sistema de privilegios identitarios, que no contempla la preparación profesional. Así, se encajona el principio básico de que los cargos deben ocuparse por los más capaces.
Mientras el déficit fiscal supera el 4 % del PIB, el Estado sigue financiando proyectos de inclusión que generan más burocracia que resultados productivos: se priorizan agendas ideológicas frente a la necesidad urgente de ordenar las cuentas públicas y reactivar la economía real.
No hay competitividad, hay esclavitud fiscal
Recientemente, el ministro Oddone reconoció que Uruguay enfrenta “problemas de competitividad severos” debido a trabas burocráticas y regulaciones mal aplicadas. Como respuesta, anunció un paquete de 12 medidas microeconómicas orientadas a mejorar el comercio exterior mediante la simplificación de trámites y la reducción de costos.
Sin embargo, estas medidas tienen un alcance limitado y, una vez más, no contemplan el verdadero problema: un aparato estatal sobredimensionado que ahoga la iniciativa privada con impuestos y regulaciones.
Las reducciones fiscales anunciadas —unos 20 millones de dólares anuales— son insignificantes frente al peso total de la carga tributaria y regulatoria que enfrentan los sectores productivos.
Mientras el Estado mantiene un gasto desbordado y sigue aumentando la deuda pública, pretende mejorar la competitividad con ajustes marginales. Lo que necesita el sector privado es que le saquen el peso del Estado.
¿Cómo se puede esperar crecimiento económico real si ni siquiera se menciona la necesidad de reducir el gasto público y achicar el tamaño del Estado?
La verdadera competitividad no se logra con medidas parciales, sino con menos impuestos, menos burocracia y más libertad económica. Mientras el Estado siga expandiendo su tamaño y su gasto, cualquier mejora será inútil.
Uruguay sigue cayendo lentamente en picada: gasto público excesivo y más deuda. Es urgente achicar el tamaño del Estado, liberar el sector privado para que genere trabajo y arrancar de raíz la agenda globalista de nuestra tierra. Solo así la sociedad uruguaya podrá prosperar.