Alberto Fernández regresó a los tribunales federales de Comodoro Py este viernes al mediodía para ampliar su declaración indagatoria en la causa en la que se encuentra imputado por presuntos hechos de corrupción en la causa Seguros. Insistirá en su inocencia, y volverá de explicar el circuito administrativo de las contrataciones con Nación Seguros SA, por más de $ 3.000 millones que están bajo investigación.
La primera vez que declaró ante el anterior juez Julián Ercolini, presentó un escrito de descargo, hizo una declaración vinculada con su controvertido decreto que obligó a los organismos públicos a contratar pólizas con Nación Seguros y la participación de intermediarios, negó vinculación con la maniobra y no respondió preguntas.
En aquella ocasión el ex presidente fue indagado en el marco del expediente que analizó los 45 contratos que organismos estatales firmaron con Nación Seguros y en los que intermediaron 25 brokers. Fernández está imputado por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles. Además, serán indagados Héctor Martínez Sosa quien se quedó con el 42% de los contratos y su esposa, la exsecretaria presidencial María Cantero.
Bajo la representación legal de la abogada Mariana Barbitta, el ex mandatario pidió volver a declarar ante Sebastián Casanello el nuevo magistrado frente al expediente después de que finalizó la subrogancia que ejerció Ercolini.
Este jueves la Sala II de la Cámara Federal porteña instó a Casanello a que resuelva con celeridad la situación procesal de todos los imputados: fueron indagados pero aún no se determinó si serán procesados, o no.
Antes de conocerse ese fallo, el magistrado ya había citado a Fernández a una ampliación de indagatoria.
Uno de los puntos en discusión en este expediente es el Decreto 823/2021 a través del cual se obligó a todos los organismos del Estado a contratar a Nación Seguros SA. Eso habilitó, sostiene la imputación, que se intervengan los brokers de Seguros siendo uno de los más beneficiados, Héctor Martínez Sosa -amigo del entonces Presidente-.
Un concepto que reitera Alberto Fernández es que con ese Decreto “se terminó la cartelización en la República Argentina”. Junto con ello, hay otro planteo que volverá a exponer: Nunca tuvo intervención en los contratos que se firmaron con Nación Seguros y que terminaron beneficiando a los brokers, principalmente, a su amigo Héctor Martínez Sosa.
En el marco de esta nueva indagatoria, volverá a dejar un escrito pero accederá a responder preguntas del juzgado y de la fiscalía a cargo de Carlos Rívolo.
La imputación
La primera de las piezas que se colocaron en la acusación que pesa sobre Fernández es un Decreto, el 823/2021. Fue el puntapié inicial del expediente penal que, fuera de la Casa Rosada, le valió la primera imputación por posibles hechos de corrupción.
A criterio de los investigadores, ese decreto “vedó la posibilidad de realizar licitaciones públicas que fomenten la competencia y transparencia en torno a esas contrataciones”. Es uno de los ejes principales del expediente que instruye el juez Ercolini y sobre el cual deberá responder Fernández.
El juez responsabilizó a las 39 personas llamadas a indagatoria de “haber intervenido mancomunadamente en forma coordinada y funcional, aproximadamente entre el mes de diciembre de 2019 y el mes de diciembre de 2023, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en Nación Seguros”.
Para ello, varios de los nombrados, -detalló el magistrado- “con la connivencia de Alberto Fernández, habrían operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora Nación Seguros; como así también en la inclusión de empresas coaseguradoras por parte de ésta”.
Al analizar estos elementos, el juzgado sostuvo que la maniobra habría requerido de la “intervención intencional de funcionarios públicos de Nación Seguros y también de las distintas reparticiones estatales tomadoras de los seguros en cuestión”.