La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, presidida por el senador cordobés Luis Juez, aprobó por unanimidad el dictamen acusatorio contra el juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, en el marco del expediente 129/2024.
El dictamen fue impulsado por los consejeros Álvaro González y Alberto Maques y ahora deberá ser sometido a votación en el Plenario del organismo para definir si el magistrado es enviado a juicio político ante el Jurado de Enjuiciamiento.
La situación se produce en un contexto particular: Bailaque presentó su renuncia al cargo a partir del primero de julio. Sin embargo, l a renuncia no es automática. La decisión sobre aceptar o rechazar la dimisión está ahora en manos del Poder Ejecutivo. Si el presidente Javier Milei no la acepta, el juez continuará siendo investigado por el Consejo.
El destino de Bailaque depende ahora tanto del Plenario del Consejo como del gobierno nacional.
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El senador nacional Luis Juez, presidente de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura
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Este martes, el juez federal faltó a una audiencia en el Consejo de la Magistratura. El magistrado debía presentarse a primera hora de la mañana ante la Comisión de Acusación que investiga su labor en paralelo con el proceso penal en el que fue imputado. No obstante, decidió defenderse mediante un descargo escrito y no compareció para responder preguntas.
De qué acusan al juez Bailaque
La lista de delitos que se le imputan a Bailaque es variada. Entre ellos, se destacan diferentes hechos de prevaricato, resoluciones contrarias a la ley con el fin de favorecer a ciertas personas.
Bailaque no sólo fue denunciado por medidas que favorecieron los negocios ilegales de Esteban Alvarado, el principal enemigo de Los Monos. El Ministerio Público Fiscal (MPF) también lo acusó por un intento de extorsión a un empresario. El presunto plan incluyó como cómplices al financista Fernando Whpei y al exdirector local de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), Carlos Vaudagna, cuyo testimonio como arrepentido incriminó al funcionario judicial.
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En tercer lugar, el magistrado se encuentra bajo sospecha como impulsor de allanamientos ilegales y autor de documentos públicos falsos. Si bien lo imputaron formalmente por estos hechos a fines de abril, continuó desempeñando su tarea en simultáneo con la labor de los investigadores que pidieron su arresto.