La Oficina Anticorrupción (OA), organismo que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, desligó de culpas al presidente Javier Milei por el caso de la criptomoneda $LIBRA, que fue promocionada el 14 de febrero y generó pérdidas de dinero a usuarios luego de su posteo en la red social X.
De acuerdo a la OA, el jefe de Estado «no infringió la ley» publicando el link de la memecoin que le costó numerosas denuncias. Según consta en la resolución, «la utilización de redes sociales por parte de funcionarios públicos, incluidos quienes ocupan la más alta jerarquía del Estado, no implica en todos los supuestos el ejercicio de una función pública en los términos establecidos por la Ley de Ética Pública».
Los argumentos van en línea con los expresados por el propio Milei y su entorno para defenderse públicamente al considerar que la acción no fue en condición de Presidente, sino como un simple ciudadano más. Incluso la OA utiliza la palabra “difusión” y no “promoción” para referirse al hecho.
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Mientras tanto la causa que investiga el rol del jefe de Estado y de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, continúa en la Justicia Federal.
Causa $Libra: Mauricio Novelli vació sus cajas de seguridad tres días después del lanzamiento de la criptoestafa
El 20 de febrero, seis días después del escándalo, Milei instruyó a la OA para que investigue el hecho a través del Decreto 114/2025. El texto hablaba de comenzar a indagar la posible ejecución de irregularidades además de «las pertinentes denuncias ante el Poder Judicial, relacionadas con el criptoactivo denominado “$LIBRA”.
Mediante esa normativa, Milei también dispuso la creación de una Unidad de Tareas de Investigación (UTI), integrada por expertos con capacidad para indagar en los aspectos de fondo del proyecto digital. Esta unidad operaría bajo la órbita del ministerio que encabeza Mariano Cúneo Libarona con el objetivo principal de recolectar información vinculada a la controvertida memecoin, además de prestar asistencia rápida y eficiente al Poder Judicial y/o al Ministerio Público Fiscal, según detalla el documento.
De acuerdo con lo establecido, la UTI estaba facultada para solicitar información, datos y documentación a todos los funcionarios, dependencias y organismos que conforman el Sector Público Nacional. También podría requerir colaboración a entidades provinciales, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como a gobiernos extranjeros y organismos internacionales, en este último caso mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, liderado por Gerardo Werthein.
Qué dice la resolución de la Oficina Anticorrupción sobre $LIBRA
El documento tiene la rúbrica de Alejandro Melik, titular del organismo, y expresa que “la publicación sobre el proyecto ‘Viva la Libertad Project’ de fecha 14 de febrero desde la cuenta en ‘X’ @JMilei, no implicó una actividad gubernamental por parte del Dr. Javier Milei”.
«Dado que no se ha detectado la existencia de un procedimiento, acto o contrato estatal respecto del referido proyecto y/o el criptoactivo $LIBRA, cabe descartar la hipótesis de omisión de un deber de abstención del señor Presidente de la Nación al respecto”, manifiesta la OA.
Y agrega: «No se verifica el uso de recursos públicos, ni de las instalaciones o servicios del Estado, en la producción o difusión de contenidos en la cuenta personal del Presidente».
La investigación por el caso $LIBRA
El caso continúa siendo investigado por la Justicia. El fiscal Eduardo Taiano había solicitado a las empresas Telecom Personal SA, Telefónica Móviles de Argentina y AMX Argentina SA las comunicaciones de los hermanos Milei, Manuel Terrones Godoy, Mauricio Novelli, cabeza de Tech Forum y del exasesor de la Comisión Nacional de Valores, Sergio Morales. Fue a través de un oficio y con pedido de fecha desde enero del 2024.
Esta nueva arista se suma a la ya existente, centrada en el patrimonio y las relaciones bancarias que los Milei mantenían antes de asumir sus cargos. Dicha línea fue impulsada por la solicitud de la jueza María Romilda Servini, quien pidió al Jefe del Departamento Legal del Banco Central de la República Argentina información sobre las entidades financieras vinculadas a ambos hermanos.
Además, la magistrada envió un requerimiento a la Oficina Anticorrupción solicitando información altamente sensible: las declaraciones juradas, tanto públicas como reservadas, de los últimos dos años, incluyendo detalles sobre cuentas bancarias y tarjetas de crédito no solo de los Milei, sino también de sus familiares cercanos.
Criptoestafa: la demanda colectiva por $LIBRA pasó al fuero federal de Nueva York
El nuevo requerimiento presentado por el fiscal Taiano surge a raíz de una solicitud de Martín Romeo, uno de los afectados por el colapso de $LIBRA. Aunque su pedido no fue aceptado por la jueza Servini bajo la figura de damnificado, la jueza Sandra Arroyo Salgado sí le dio lugar en otra causa paralela que se tramitaba en la Justicia Federal de San Isidro. Finalmente, el expediente fue trasladado a Comodoro Py tras un serio conflicto de competencia entre ambas juezas.
Romeo, también experto en criptomonedas, pidió a la Justicia que se analicen las comunicaciones del CEO de Kip Protocol, Julian Peh, cuya empresa participó junto con Tech Forum, dirigida por Terrones Godoy, en el desarrollo y lanzamiento de $LIBRA. Peh tuvo un encuentro con Javier Milei en octubre del año pasado, coincidiendo con la breve participación del mandatario en un evento organizado por Tech Forum. La intención de Romeo es esclarecer, mediante una investigación judicial, cómo se gestó realmente el lanzamiento de $LIBRA y quiénes estuvieron detrás de su concepción.
Para ello, solicitó el cruce de llamadas entre los teléfonos de Javier y Karina Milei, Morales, Terrones Godoy y Novelli. Un dato relevante es que Hayden Mark Davis, uno de los impulsores del criptoactivo y también reunido con el Presidente, ha quedado bajo la lupa de la Justicia, ya que el fiscal Taiano pidió la geolocalización de su número telefónico, el cual figura en el expediente.
Gi