La preocupación por el mantenimiento de las rutas y la falta de inversión no para de crecer. Es que al brutal ajuste perpetrado por el gobierno nacional en materia de obra pública se suma la demora por parte del Ministerio de Economía para las licitaciones para el mantenimiento de la red vial, y el desfinanciamiento de Vialidad Nacional, el organismo que depende de Luis “Toto” Caputo y que, con el ajuste de fondos, queda acotado en su margen de maniobra.
Durante 2025 el gobierno que preside Javier Milei deberá licitar al menos el mantenimiento de menos 9.342 kilómetros de ruta, el 20% de la red vial argentina por la que circula ni más ni menos que el 80% del tránsito. Así lo explica el propio sitio web de Vialidad Nacional.
El pasado 8 de abril vencieron las concesiones de tramos importantes de la ruta 12, conocida como la “ruta del Mercosur”, clave en el tránsito comercial dentro del bloque regional y en la conectividad con países vecinos como Brasil y Uruguay.
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En concreto, la licitación por el mantenimiento será sobre el denominado “corredor 18”, que incluye principalmente las rutas nacionales 12 y 14, el Puente Rosario-Victoria, y atraviesa las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes.
Habitualmente, cuando la concesión pasa de una empresa a otra, la nueva empresa concesionaria se hace cargo de la planta de personal tal como estipula el convenio colectivo de trabajo. En este caso, la ventana de tiempo que se produce entre el fin de la concesión, la licitación (que todavía está abierta) y la próxima adjudicación han dejado a por lo menos 500 familias sin empleo, según pudo saber PERFIL de fuentes de la zona.
Paradójico resulta que el gobierno nacional señale que el mantenimiento de la ruta, hasta que haya una nueva empresa a cargo de la concesión, la realizará Vialidad Nacional, cuyo recorte en materia de fondos fue del 58% durante 2024.
Algunas fuentes indican que el director de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, transmite en forma informal que uno de sus objetivos es reducir la planta de personal del organismo en un 30%, sobre un total de 5.200 trabajadores. Todo ello complotaría aún más contra la idea de que Vialidad se haga cargo del mantenimiento.
Según informe del Sindicato de Trabajadores de Vialidad (STV), el organismo ha dejado de percibir $ 350 mil millones en 2024. Además de los fondos que deberían recibir de la cartera de Economía, Caputo no gira los fondos que surgen del impuesto a los combustibles líquidos (ICL) que tiene una asignación especial para Vialidad, pero que no es asignada.
Según estiman, con esos montos se podrían haber bacheado 3.424 kilómetros de ruta, y se podría haber cortado el pasto y haber hecho mejoras de banquinas en 26.250 kilómetros.
Además deberán ser concesionadas más de 8.500 kilómetros de rutas actualmente gestionadas por Corredores Viales SA, la empresa que se creó en la etapa de Cambiemos y que el Gobierno se encamina a privatizar.
Dentro de ese paquete de kilómetros se encuentran la Ruta Nacional 33 en Santa Fe y que termina en Bahía Blanca, la Ruta Nacional 18 en Entre Ríos y la variante de la Ruta Nacional 19 en Córdoba.
El descalabro es tal, que Vialidad Nacional deberá además brindar servicio de emergencias, grúas y despeje de calzadas en caso de accidentes o contratiempos que los vehículos podrían sufrir. Para ello, “dispuso de sus líneas gratuitas 0800-222-6272 / 0800-333 0073 (Opción 1) y un número de WhatsApp” para que los usuarios den alerta. Así lo informó Guillermo Francos, en su ponencia en Diputados el miércoles pasado. Una herramienta que parece insuficiente para la dimensión de los problemas que la falta de mantenimiento de rutas podrían implicar.
El mantenimiento de las rutas también se ha convertido en un problema para los mandatarios. Por caso, el jueves pasado el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, se reunió con el titular de Vialidad Nacional, Campoy, evitando críticas directas a la Casa Rosada, pero buscando minimizar el impacto del recorte en su territorio.