Pánico, encierro y dolor: recuerdos de la cuarentena que marcó a fuego al país

Al Covid le pasó lo que a esos fenómenos que, de tan trascendentes, se vuelven tiempo. Hizo suya una época. Se volvió mojón en la línea temporal y quedó en el habla cotidiana con la envergadura de una etiqueta indeleble. Una referencia por la que todo lo que recordamos, lo que intentamos recordar y lo que olvidamos se termina poniendo en función de si fue antes, si fue durante o si fue después de la pandemia. Este jueves se cumplen cinco años de ese día en que la Argentina se detuvo, pusimos llave y nos debimos encerrar. El día cero de la cuarentena obligatoria que -como todo- terminó siendo grieta.

Es muy difícil hacer un balance justo de la efectividad real de esa medida extrema, tal y como fue impartida. Muchos encerrados que podrían haberse infectado y muerto, se salvaron porque el sistema de salud estuvo mejor preparado para recibirlos. Muchos no se salvaron, a pesar de haber estado encerrados. Y el costo social de la Argentina medido en términos de salud mental es hoy tan grande que resulta incalculable. Lo concreto son las cifras: en el país se aplicaron más de 118 millones de dosis de vacunas contra el Covid. Se notificaron más de 10 millones de personas infectadas, aunque obviamente hubo muchas más. Se produjeron no menos de 130.000 fallecimientos por el virus. Son números que, a la vez , no dicen nada. Se acumulan, tontos, debajo de las sensaciones.

La pandemia fue un nuevo glosario y una nueva vida que nadie eligió: aplaudir a los médicos a la tardecita, lavarse las manos obsesivamente, limpiarse los zapatos y desinfectar cualquier cosa que hubiera tocado a cualquier otra; hacer alcohol al 70%, decir “fase 1”, “semáforo epidemiológico”, “carga viral”, “variantes”, “inmunidad de rebaño”, “parte epidemiológico”, “nicho epidemiológico”, “sistema mixto”, “virtualidad”, “contacto estrecho”, “conglomerado de contagios”, “neumonía bilateral”, «covid tardío». La pandemia es quizás todo lo que se cuenta debajo, pero, principalmente, es lo que cada uno vivió, sufrió y cada tanto recuerda.

El 31 de diciembre de 2019, la filial de la OMS en la República Popular China detecta una declaración de la Comisión Municipal de Salud de Wuhan de una supuesta “neumonía vírica”. Por la escalada de contagios, el 2 de enero de 2020, el organismo le ofrece su apoyo al gigante asiático e informa a la Red Mundial de Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos (GOARN).

Pasaron sólo dos días cuando el siguiente posteo de la OMS apareció en la entonces Twitter: “#China ha notificado a la OMS un conglomerado de casos #neumonia —sin fallecimientos— en Wuhan, provincia de Hubei (China). Se están realizando investigaciones para identificar la causa de esta enfermedad”.

De llamarlo “neumonía de Wuhan” pasó a ser “coronavirus”, patógeno que China logró secuenciar genéticamente en los primeros días de enero. Todavía faltaba mucho para que se comprendiera el posible origen del virus: un salto zoonótico del virus (de animales a humanos) producido en el contexto del comercio informal de animales salvajes en Wuhan.

Los contagios “importados”, de viajeros que se movían por el mundo empezaron a proliferar. Aunque las autoridades hablaban de “transmisión limitada entre seres humanos”, el 30 de enero la OMS declaró que el “nuevo coronavirus” constituía una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII).

Más de un mes después, el 11 de marzo (con más de 100.000 infectados contabilizados en el globo), Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS, pronunció finalmente el sustantivo que se convertiría en un yunque para la humanidad: “La OMS ha estado evaluando este brote durante todo el día y estamos profundamente preocupados tanto por los niveles alarmantes de propagación y gravedad, como por los niveles alarmantes de inacción. Por lo tanto, hemos evaluado que COVID-19 puede caracterizarse como una pandemia”.

No sólo pasaron 5 años de la cuarentena: esta semana se cumplieron 5 meses de la muerte de Ginés González García, tanto ese prestigioso sanitarista argentino tres veces ministro de Salud (en las gestiones de Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner y Alberto Fernández) como el polémico funcionario que -al margen de sus múltiples aciertos- cometió una serie de errores severos relacionados a la gestión de la pandemia, que le costaron una salida muy poco decorosa del Gobierno.

Se le critica haberse movido en los extremos: subestimar la pandemia y luego, exagerar las medidas para combatirla. El 23 de enero de 2020, livianamente pronunció en público que “no hay ninguna posibilidad de que exista coronavirus en Argentina”. Una semana después, el discurso oficial viraría a una frase repetidísima en el futuro inmediato: “Vigilancia, detección, diagnóstico y tratamiento de posibles casos del nuevo coronavirus”. Un preanuncio de lo que se formalizaría el 3 de marzo de 2020: el primer caso de coronavirus en el país.

En una entrevista un año después, Claudio Ariel P. se jactó de “todavía” tener anticuerpos y “haber donado sangre cinco veces”, pero en marzo de 2020, el mítico paciente cero se reducía a una persona de 43 años de sexo masculino, que había estado en Italia y España, y al regresar, el 1° de marzo, realizó una consulta por fiebre, tos y dolor de garganta. Estuvo 10 días internado en una clínica porteña.

En ese primer trimestre de 2020, algunas decenas de personas debieron aislarse en sus domicilios, pero los “coronavirus confirmado” se contaban con los dedos de las manos. Sin embargo, no por nada el ministro González García reconoció el 9 de marzo que “no creía que el coronavirus iba a llegar tan rápido” y que el virus lo había sorprendido. El 7 de marzo había trascendido la muerte del primer paciente argentino. Se llamaba Guillermo Abel Gómez, tenía 65 años y estaba internado en el Hospital Argerich. Había llegado de Francia y tenía enfermedades de base.

Para la ocasión -conferencia de prensa en la noche del jueves 19 de marzo de 2020-, el entonces Presidente Alberto Fernández usó corbata verde agua, el tono que lucen las paredes de muchas escuelas del país, se dice que por sus efectos “calmantes”. Capaz el anuncio de 13 minutos justificaba el color. Fue la declaración (vía un DNU que comenzaría a regir en el primer minuto del día siguiente) de la cuarentena obligatoria, o ASPO, la inolvidable sigla de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, medida que este jueves cumple 5 años.

Aunque la rígida disposición debía durar sólo 10 días (hasta el 31, entre feriados, feriados puente sumados ad hoc y fines de semana), se estiró un cachito más. Ocho meses después, en noviembre de 2020, el ASPO pasó a llamarse DISPO (duró hasta el 31 de marzo de 2022), la sigla de Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio. Con él, se habilitó el reinicio de clases en algunas provincias (en modalidad mixta), pero hasta entonces, además de las escuelas, también los hoteles y restaurantes o cualquier espacio social de reunión había debido cerrar. El Estado distribuyó subsidios para mínimamente sostener los puestos de trabajo.

Ese 19 de marzo inicial había contado con la presencia de varios gobernadores. Fernández les había adelantado lo que diría después en el comunicado: que desde el 20 de marzo a las 0, “todos tienen que quedarse en sus casas”. Que, “entiéndase», las fuerzas de seguridad «controlarán quién circula por las calles» y «quien no pueda explicar qué estaba haciendo, se verá sometido a las sanciones que el código penal prevé para quienes violan las normas que la autoridad sanitaria supone para frenar una epidemia o, en este caso, una pandemia”. “Vamos a ser absolutamente inflexibles”, apuntó, y proclamó: “Esta es una medida excepcional que dictamos en un momento excepcional pero absolutamente dentro del marco de lo que la democracia permite”.

El aislamiento fue una norma escrita que se volvió una forma de vivir: la nueva normalidad. Irrumpió entonces esa vida que 5 años después parece distópica. Vale la pena recordarla, o quizás ya sea inolvidable: instaló para siempre ciertos hábitos y prácticas que hoy son naturales: el uso de las plataformas Zoom o Meet para reuniones, el mate que se comparte menos que antes y que muchos con alcohol al 70% en el bolsillo se den cada tanto una lavadita de manos. Si antes no había sanción social gestual cuando uno tosía o estornudaba sin taparse la boca, a sus anchas, en el transporte público, ya no.

En esos días que hoy parecen infernales fueron normales el uso del barbijo, las colas eternas en las veredas de los comercios (increíblemente respetadas por el argentino medio), la decisiva instalación del delivery para casi todo y la conectividad como herramienta de vida o muerte para tener contacto social y hasta para festejar cumpleaños, práctica muy difundida hasta que irrumpió el más flexible “nos juntamos en la plaza”, con el DISPO.

Internet fue clave para trabajar, en lo que se conoció como “trabajo a distancia”, teletrabajo o home office, y para intentar dar continuidad a los cronogramas educativos, uno de los aspectos más fallidos de esos meses y con consecuencias más dramáticas -algunas de ellas, irreversibles- en chicos y adolescentes, sin contar que puso al desnudo la inmensa población de docentes y familias sin dispositivos adecuados o directamente sin conectividad. Antes uno se peleaba por usar el baño. En la pandemia, la batalla familiar fue por la banda ancha.

Fronteras afuera, la extensísima nueva normalidad argentina empezó a parecer no tan normal, contexto que la prestigiosa cadena británica BBC resumió, en agosto de 2020, con el siguiente título: “Coronavirus en Argentina: los efectos que está teniendo la cuarentena más larga del mundo sobre los argentinos”.

Entre los varios gobernadores presentes cuando Alberto Fernández anunció la cuarentena, hubo dos que, por representar el sensiblemente populoso radio del área metropolitana, adoptarían un peso sideral en los meses por venir: Axel Kicillof, por la provincia de Buenos Aires, y Horacio Rodríguez Larreta, por la Ciudad.

Dejando de lado el capítulo de las filminas comparativas (que para muchos simbolizó cierto fanfarroneo vergonzoso de parte del no tan docto en materia epidemiológica Presidente de la Nación), durante algunas semanas, el aire triunfante de la Argentina contra el Covid-19 estuvo apoyado en los tres funcionarios mencionados arriba. Habían logrado lo imposible: dejar de lado la mezquina grieta política y priorizar el bienestar sanitario de la población. Fernández, Kicillof y Rodríguez Larreta eran vistos como las ruedas de un triciclo que debía sostenerse en marcha, al menos hasta que apareciera el preciado elixir de las vacunas.

Ironizados como “los tres mosqueteros” -por el look combativo que inspiraban en las conferencias de prensa compartidas-, ya en mayo empezaron los inevitables tironeos. Primero, encarnados en los ministros de Salud de CABA y la Provincia. Basta recordar una escena de fines de mayo de 2020 en la que el último, Daniel Gollán, lanzó un barato “queda claro dónde está el mayor riesgo de irradiación”, en alusión a que la mayoría de los contagios ocurrían en CABA, y entonces la Provincia “ligaba” coronavirus sin buscarlo. Su par porteño, Fernán Quirós, le contestó con altura: no iba a gastar un minuto en contestar ese tuit, afirmó, y aclaró: “No hay espacio para opiniones divergentes sino para encontrar coincidencias y trabajar juntos”.

Pero, durante más de un año, esa disputa sólo se profundizó. Adoptó la forma de un debate entre el statu quo del ASPO/DIPSO y la flexibilización (por ejemplo, en el plano escolar). La nueva normalidad tenía su nueva grieta. Había engullido a los tres mosqueteros.

En los dos años de pandemia “formal”, las resoluciones del ASPO y el DISPO fueron renovadas varias veces en el Boletín Oficial. A cada renovación le siguió una protesta de parte de sectores “anticuarentena”, en reclamo por recuperar una libertad que juzgaban perdida. Con carteles elocuentes y siguiendo una tendencia que se vio en todo el mundo, reclamaban poder “comer” y “trabajar” o “volver a salir” e, incluso, “a vivir”.

Sólo el primer fin de semana del ASPO, Nación demoró a 3.200 personas por no respetar el aislamiento obligatorio. La tendencia se repitió en todo el país en los meses siguientes, lo que dio lugar a dos tipos de escenas distintas. Las brutales y las tragicómicas.

De las tragicómicas, basta recordar el remisero detenido por haber trasladado a una amiga suya -con su perro- en el baúl, el surfer a quien el presidente llamó «idiota» o la emblemática Sara Oyuela, que murió en 2023, pero en 2020, a sus 83 años, cobró fama por haber salido a tomar sol “media hora” (le explicó, apacible, a las autoridades que la demoraron) en los bosques de Palermo.

Los números del Covid fueron apabullantes en su momento y lo son ahora. La falta de solidez de las cifras que las provincias informaban y asentaban -cada una a su tiempo- en el famoso SISA, sumado a la falta de testeos (sea por desborde o ineficacia de los sistemas de salud como por falta de insumos para las PCR, con las oscilaciones obvias que esto implica, según el momento y el lugar) provocaron, se cree, un subregistro de contagios difícil de dimensionar. Esto, más allá del esfuerzo que, fue conocido entonces, hicieron científicos de todos los colores para desarrollar nuevas formas de testeo más rápidas o económicas.

Hubo muchas olas de contagios y cada jurisdicción tiene su propia realidad, pero, mirando el país como un todo, se pueden describir cuatro grandes montañas de infectados. La mayor, en el verano 2021-2022, cuando los casos diarios confirmados alcanzaron las seis cifras. Esa contagiosidad no se condice con el grado de virulencia, que fue cambiando según las variantes del virus que iban dominando el territorio. Mirado de ese modo, la mayor cantidad de muertes diarias se produjo en el segundo trimestre de 2021, con un pico de hasta 670 decesos por día. Esto, dejando de lado el sesgo de todos los fallecimientos reportados al sistema con una causa de defunción equivocada.

El total de confirmaciones de Covid en Argentina a marzo de 2025 supera los 10 millones. Se cree que hubo muchísimos más. Algunos fueron asintomáticos y sin querer contagiaron a otros. Algunos se infectaron dos veces o muchas veces. Algunos quedaron con secuelas que todavía padecen, como falta de olfato, problemas auditivos o cardíacos, en lo que se conoce como Covid tardío o long Covid. Muchos otros, 130.744, en los últimos cinco años, murieron.

Buena parte de la conversación pública de 2020 y 2021 relacionada al Covid versaba sobre las variantes dominantes del virus, y la incertidumbre sobre su grado de contagiosidad, virulencia y efectos postinfecciosos. Los contagios de la inicial Alpha fueron rápidamente aplastados por versiones más contagiosas. Si bien Beta y Delta provocaron sus casos en el país, las que lograron mayor transmisibilidad fueron Gamma, en 2021 y, con fuerza desde 2022, Ómicron, de la que surgieron muchas subvariantes diferentes.

Ómicron es la cara del Covid actual y contra la que se siguen desarrollando nuevas versiones de vacunas. Ejemplo de esto es la primera hecha plenamente acá, la ARVAC “Cecilia Grierson”, desarrollo del Conicet, la UNSAM y la Fundación Pablo Cassará, liderado por la investigadora Juliana Cassataro. Por cierto, hay unas 50 aprobadas en el mundo, de las que a la Argentina llegaron menos de 10. En cuanto a las dosis administradas, para comienzos de 2024, el sitio Our World in Data reportaba que el 91,4% de la población argentina había recibido al menos una (esto es, 41,53 millones de personas), en tanto que 83 de cada 100 personas habían sido inmunizados también con al menos un refuerzo. Según el Ministerio de Salud de la Nación, Argentina lleva administradas 118.554.712 dosis contra el Covid.

Pero en 2020, las vacunas no solo no sobraban sino que en Argentina no había ninguna. Pfizer-BioNTech había puesto en el mercado su famosa dosis en base a ARN mensajero, aprobada en modalidad “fast track”, procedimiento al que le siguió un desarrollo parecido de la también estadounidense Moderna. Aunque el Gobierno había prometido traer una vacuna antes de fin de año, el contrato con Pfizer se frustró, lo que a fines de 2020 provocó gran enojo en la población, además de sospechas acerca del motivo de fondo por el que se firmaba un contrato millonario con Rusia, país del que vendría la memorable vacuna Sputnik. Hay quienes vieron una preferencia geopolítica (o, al menos, más ideológica que sanitaria) en esa decisión, aunque el Gobierno argumentó que Pfizer había puesto condiciones contractuales aparentemente “inaceptables”. Aseguraban que el instituto ruso Gamaleya estaba dispuesto a entregar vacunas (que no tenían todavía el aval de la OMS) en lo inmediato.

Al margen de la efectividad de la vacuna, quedará para el análisis de futuros historiadores evaluar el tenor de la propaganda oficial montada en esos vuelos de Aerolíneas Argentinas que primero trajeron triunfantes algunos millones de viales de la dosis 1 desde Rusia, pero que después, cuando tocaba traer la dosis 2, empezaron a flaquear. La previa a que desde Rusia crearan la Sputnik Light.

El 19 febrero de 2021, el periodista Horacio Verbitsky compartió en una salida radial que un día antes había ido a vacunarse contra el Covid en el Hospital Posadas, que depende de Nación. La primera vacuna contra el coronavirus con el sello Sputnik V había arribado a la Argentina a fines de diciembre de 2020, de modo que la confesión dejaba al desnudo que un grupo de personas había puenteado el cronograma estipulado, según los grupos prioritarios a proteger (primero las personas con comorbilidades, después los adultos mayores, y así) impuesto por el Gobierno. El problema era que había sido el propio Gobierno el que había montado ese dispositivo: un vacunatorio VIP, revelado en exclusiva por una investigación de Clarín.

La lista que finalmente debió transparentar el Ejecutivo incluyó 70 personas inmunizadas en forma privilegiada. Entre ellas, el Presidente, ministros, secretarios y otros funcionarios de rango menor, sin contar varias figuras satelitales al signo político de mando, como el expresidente Eduardo Duhalde y su esposa Hilda «Chiche» Duhalde, o el histórico dirigente Lorenzo Pepe. La difusión del vacunatorio VIP dio lugar a la salida del ministro de Salud Ginés González García del Gobierno. Asumió, en su lugar, la viceministra Carla Vizzotti, quien tuvo bajo su gestión la parte más dura de la pandemia.

El 17 de octubre de 2024, la Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos del ex ministro, quien falleció al día siguiente, y de varios funcionarios de su entonces cartera. El tribunal ordenó a la jueza María Eugenia Capuchetti profundizar en la responsabilidad penal de los que recibieron las dosis en forma privilegiada, basándose en que el hecho de que “unos pocos hayan recibido el tratamiento exclusivo que obtuvieron, cristaliza una inadmisible torsión de la senda que la ley imponía”.

Al dar inicio a la cuarentena, Alberto Fernández dijo públicamente que la Argentina tenía una oportunidad: el virus no se había diseminado en el país y daba tiempo para una preparación mínima de los sistemas de salud. Si se puede afirmar que la pandemia nos aplastó, sin dudas también se llevó puestas esas palabras.

El mapamundi de «exceso de muertes acumuladas» (es decir, los fallecimientos que superan el promedio usual del país analizado y que por eso se atribuyen al Covid) fue variando a lo largo de la pandemia. Argentina, según el momento, parece estar “menos mal” que otros países. Sin embargo, sobresale el problema de los datos tardíamente consolidados, un clásico local. Y quizás por eso el mapa del mundo de junio de 2024 (compilado por Our World in Data, en base a estadísticas oficiales) muestran a la Argentina y Perú como los únicos países de toda América pintados de rojo: son los que mayor exceso de muertes estimadas por Covid tuvieron (en proporción a la población). Con casi 131.000 decesos, el virus habrá tardado en llegar, pero llegó.

El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) analizó el impacto social y económico de la pandemia. Apuntan en un informe que se acentuaron los problemas que ya existían en el país. La pandemia afectó “a toda la sociedad”, pero especialmente “a los hogares que ya se encontraban en la pobreza, en situación de vulnerabilidad y/o percibían ingresos bajos y medios-bajos así como en algunos sectores particularmente afectados (como la construcción, el comercio, hoteles y restaurantes y el trabajo doméstico)”. El “think tank” resalta que las transferencias desde el Estado fueron fundamentales, pero no evitaron que 2,5 millones de personas cayeran en la pobreza, lo que llevó a 40,9% la tasa global de pobreza en el país en el primer semestre de 2020. Más de 5 puntos porcentuales más que un año atrás.

La misma institución resume datos que dicen todo sobre lo que les pasó a los chicos: los problemas de educación acentuados por la pandemia. “Es probable que esa proyección de mayor abandono escolar también se verifique en Argentina”, arrancan, e informan: “Durante el 2020, 4 de cada 10 jóvenes tuvieron bajo o nulo vínculo con sus docentes: no recibían tareas o lo hacían una sola vez por semana y sin devolución. En el primer semestre de 2021, hubo semanas en las que 9 de cada 10 estudiantes no asistían a las aulas. Adicionalmente, se incrementó el tiempo que los jóvenes dedican al trabajo, ya sea en el hogar o fuera de él, debido a la pérdida de ingresos de los hogares”.